Judiciales llevarán a cabo un paro de 60 horas desde el miércoles
La falta de acuerdo paritario previo al receso por la feria judicial reactivará esta semana las medidas de fuerza de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) en demanda de mejoras salariales, esta vez con un paro de 60 horas desde el próximo miércoles 22.
El escenario en los tribunales de la provincia de Córdoba ha alcanzado un punto de extrema tensión y complejidad tras el cierre del receso judicial y el panorama es el mismo previo a la feria, con un servicio de justicia resentido por las medidas de protesta que comenzaron hace ya varios meses.
La negociación colectiva, que se mantuvo en una tregua temporal durante los últimos días previos a la feria, ha colapsado definitivamente luego de que las bases resolvieron rechazar la última propuesta salarial puesta sobre la mesa por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El rechazo no solo interrumpió los canales de diálogo vigentes sino que -además- reactivó de forma automática un severo plan de medidas de fuerza que paralizará la actividad judicial en los próximos días, abriendo un panorama de total incertidumbre tanto para los trabajadores como para la administración de justicia provincial.
Plan de lucha
En estricto cumplimiento del mandato otorgado por la asamblea extraordinaria, se dispuso la continuidad de las medidas de fuerza en defensa de la recomposición salarial.
Ante la inexistencia de un entendimiento y la ratificación del rechazo a la propuesta patronal, se diseñó un esquema de protestas escalonadas que afectará de manera directa la atención en todas las sedes y dependencias judiciales del territorio cordobés durante esta semana y los días subsiguientes.
El plan de lucha comenzará formalmente el miércoles 22 a las 12.
Para esa jornada se convocó a una concentración masiva en cada uno de los edificios judiciales de la provincia.
La modalidad de la protesta contempla la realización de un “ruidazo” y un aplauso de protesta en el interior de las dependencias, coordinado en simultáneo con el abandono total de tareas por parte del personal de planta.
Así se marcará el inicio del paro provincial de 60 horas, una medida de fuerza de carácter corrido que se extenderá durante el resto de la semana.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones gremiales, el paro total de actividades finalizará formalmente a las 24 del viernes, exceptuando aquellos esquemas o dependencias específicas que cuenten con regímenes de trabajo nocturno, en cuyos casos la huelga se dará por concluida una vez que finalice el turno correspondiente.
Con posterioridad a las jornadas de huelga, la actividad sindical se trasladará a las instancias orgánicas de deliberación.
El lunes 27 se reunirá el Consejo Consultivo del Interior, un espacio clave para receptar el termómetro de las sedes ubicadas fuera de la capital provincial.
Al día siguiente, el martes 28, se llevará a cabo el plenario del Cuerpo de Delegados de Capital.
En estas reuniones se prevé iniciar un proceso de consulta y articulación junto a otros sectores y expresiones internas del gremio, incluyendo a las minorías y a las dos agrupaciones que componen la oposición actual, con el objetivo de definir de manera unificada cómo se le dará continuidad a la disputa frente al escenario planteado.
Motivos
Para comprender los motivos que fundamentaron el voto mayoritario en favor del rechazo, es necesario desglosar la naturaleza del sistema de haberes que rige para los empleados del Poder Judicial de Córdoba y el contenido específico de las negociaciones que se pospusieron antes del receso.
La penúltima asamblea extraordinaria había fijado con precisión un plazo de negociación de nueve días hábiles para intentar destrabar el conflicto.
Durante ese período se desarrollaron intensas mesas paritarias en las que se llegó a formular una propuesta económica concreta por parte del sector empleador.
Sin embargo, dicha oferta no logró superar el filtro de la aprobación colectiva.
La estructura salarial del sector cuenta con un componente de indexación automática basado en la denominada “pauta de la Corte”.
Este mecanismo estipula que cualquier incremento o ajuste determinado a nivel de la justicia nacional se traslada e impacta de forma directa sobre los salarios de la planta provincial.
En la práctica, este sistema salarial permite que los haberes de los trabajadores judiciales de Córdoba se actualicen de manera regular acompañando los índices oficiales de inflación.
La propuesta que el sector empleador dispuso en la mesa de negociación incluía una recomposición económica que se ubicaba por encima del piso inflacionario.
Es decir, contemplaba un porcentaje adicional sobre la base que ya otorga la pauta de la Corte Suprema.
A pesar de representar un incremento real respecto de la inflación acumulada, la oferta fue considerada insuficiente debido a un fuerte desequilibrio en la distribución interna de los beneficios.
El principal factor de descontento radicó en el nulo impacto que la propuesta tenía sobre las categorías más bajas del escalafón, específicamente sobre el sector de los auxiliares.
Para la categoría de auxiliar, la oferta salarial rechazada no contemplaba ninguna mejora o asignación extra de carácter novedoso.
La única actualización prevista para este sector se limitaba a la percepción de la cuota de equiparación, un ítem salarial que ya se encontraba pautado, comprometido y aprobado desde la paritaria del año anterior.
Durante el período previo, el sector de los auxiliares había obtenido una recomposición extraordinaria superior a 10% por encima del resto de la planta judicial, una medida que se consideró estrictamente necesaria en su momento debido a que sus ingresos se encontraban fuertemente mermados y por debajo de los estándares aceptables.
Al haber recibido aquel beneficio el año pasado, la nueva propuesta patronal no añadía incentivos reales para este segmento en el presente ejercicio, lo que terminó unificando el rechazo de las bases al considerar que la propuesta consolidaba un achatamiento salarial para los sectores iniciales.
En ese contexto y tras la fallida intervención en una conciliación voluntaria por parte de la Secretaría de Trabajo, ahora se aguarda una decisión política del gobernador Martín Llaryora de asignar mayores recursos al TSJ para poder mejorar la oferta salarial, tanto a los empleados como a magistrados y funcionarios.
La situación que complica la normal prestación del servicio de justicia, motivó que el Colegio de Abogados de Córdoba y la Federación provincial anticipara que solicitará formalmente al Ejecutivo una cumbre que incluya al TSJ y al gremio para buscar una pronta salida que permita normalizar la actividad, dato anticipado el viernes pasado por Comercio y Justicia.
Preocupaciones
Uno de los elementos de mayor peso es la situación regulatoria de los días de huelga acumulados.
El prolongado desarrollo del conflicto ha generado un volumen masivo de medidas de fuerza ejecutadas.
Al día de hoy, el sector empleador tiene registrados y pendientes de ejecución un total de 25 paros en las sedes del interior provincial y 24 paros en la sede de la capital.
Durante el transcurso de la última mesa paritaria de nueve días, la aplicación de las sanciones económicas se mantuvo suspendida con el propósito de garantizar un marco de previsibilidad y sostener el statu quo indispensable para el diálogo.
No obstante, tras el rechazo formal de la propuesta y la consecuente caída de la instancia de negociación, el empleador queda plenamente liberado para aplicar las retenciones salariales correspondientes a la totalidad de las jornadas no trabajadas.
El impacto económico de estos descuentos representa una verdadera encrucijada financiera para los empleados judiciales.
De acuerdo con las pautas de liquidación vigentes, cada jornada de paro efectivamente descontada equivale a una reducción de más de cuatro por ciento del sueldo mensual total de un trabajador.
Si se realizara un cálculo matemático lineal sobre aquellos agentes que mantuvieron una adhesión total y estricta a cada una de las medidas de fuerza convocadas a lo largo de estos cinco meses, el acumulado total de los descuentos pendientes de ejecución se ubicaría con comodidad por encima de $1,3 millón por empleado.
Este escenario financiero configura un dilema de doble vía que afecta también la estrategia del propio sector empleador.
El Poder Judicial requiere de forma urgente normalizar el funcionamiento del servicio y garantizar el retorno pleno de la actividad en los tribunales tras el receso.
Si la Administración provincial decide avanzar de forma unilateral con la aplicación efectiva de los descuentos acumulados, las bases obreras se verán empujadas a un estado de bloqueo total, anulando cualquier posibilidad de que los trabajadores acepten una propuesta de acuerdo en el corto o mediano plazo.
La paritaria de los empleados de planta no es el único foco de conflicto que debe administrar el TSJ en el ámbito de la justicia de Córdoba.
Existe un segundo frente de tensión plenamente abierto que involucra de manera directa al estamento de los funcionarios y magistrados, cuya situación salarial y laboral tampoco ha encontrado una vía de solución o entendimiento definitivo hasta la fecha.
2013
El complejo panorama político que se vive en el interior del gremio judicial refleja una marcada división de criterios respecto a la evaluación del riesgo y a las estrategias de resistencia a adoptar frente a la presión del empleador.
Esta dinámica interna responde a un evidente quiebre generacional entre los sectores con mayor antigüedad en el servicio y una numerosa camada de trabajadores de reciente incorporación a la actividad judicial.
Las posiciones más cautas y con mejor tendencia a la búsqueda de un cierre paritario pragmático se asientan sobre la base de la memoria institucional de la organización, la cual evoca de forma permanente los sucesos acontecidos durante el gran conflicto del año 2013.
En aquella oportunidad, el sindicato judicial protagonizó una disputa extremadamente prolongada en el tiempo y de una intensidad muy similar a la actual.
Al igual que ocurre en el escenario presente, las sucesivas ofertas salariales propuestas por la patronal fueron sistemáticamente rechazadas por las asambleas, lo que desencadenó una respuesta punitiva total por parte del Estado provincial.
Las consecuencias de aquella pulseada histórica de 2013 se tradujeron en una aplicación inflexible de castigos económicos masivos.
Gran parte de los trabajadores que formaron parte de aquella gesta sufrió la ejecución efectiva de descuentos salariales que se prolongaron durante cinco y seis meses consecutivos.
El desenlace final de aquel conflicto dejó una profunda huella en los sectores más veteranos del gremio: tras meses de huelgas, el arreglo paritario definitivo que terminó firmándose se ubicó muy por debajo de las expectativas iniciales y resultó sustancialmente inferior a las propuestas económicas que el propio empleador había ofrecido originalmente y que la asamblea había rechazado en las primeras etapas de la negociación.
En el contexto actual, la persistencia de esta memoria histórica motivó a un sector de los trabajadores a promover la aceptación de la última propuesta económica antes del inicio de la feria judicial, evaluando que era preferible ingresar al receso garantizando una mejora en los haberes corrientes y blindando la planta contra la ejecución de los 25 días de descuentos acumulados.
Sin embargo, esta visión de prudencia estratégica fue ampliamente superada en las por el voto de una camada más jóven que hoy constituye una porción mayoritaria de los afiliados que participan activamente en las deliberaciones paritarias.
Su voto en la asamblea extraordinaria priorizó la demanda de una recomposición salarial equitativa para las categorías iniciales, asumiendo de manera consciente la posibilidad de enfrentar las sanciones económicas del empleador antes que convalidar un acuerdo paritario que consideraron insuficiente y discriminatorio.
Vía Comercio y Justicia
