Rafaela: proponen que los ciudadanos denuncien a infractores con pruebas
Una concejala impulsa una polémica ordenanza que habilitaría a los vecinos a reportar infracciones con fotos o videos. El objetivo: reforzar el control municipal.
La concejala Carla Boidi, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe y representante del PDP rafaelino, presentó un proyecto para modificar el artículo 28 del Código Municipal de Faltas, con el fin de habilitar a los ciudadanos a denunciar infracciones acompañando pruebas como fotografías o videos.
La iniciativa apunta a que las denuncias puedan ser realizadas a través de múltiples medios –presencial, correo electrónico, aplicaciones móviles u otros canales digitales oficiales– siempre que estén respaldadas por evidencia concreta y permitan identificar al denunciante. El texto también especifica que dichas denuncias deberán describir con precisión el hecho, incluyendo fecha, lugar y modo en que ocurrió la falta, y, de ser posible, identificar a testigos o involucrados.
Boidi argumenta que la medida busca reducir las conductas infractoras, optimizar los sistemas de control y fiscalización municipales y brindar un marco normativo claro para este tipo de denuncias ciudadanas. La propuesta contempla sancionar no solo infracciones de tránsito, sino también acciones como el arrojo de residuos en zonas rurales o espacios públicos.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de cuestionamientos. Fuentes legales consultadas advierten sobre los límites que podría enfrentar su implementación. Actualmente, el Centro de Monitoreo permite identificar infracciones, pero la normativa vigente exige la presencia de un inspector para que se labre la multa. Con esta ordenanza, en cambio, se abriría la posibilidad de que el personal municipal actúe sobre la base de material enviado por vecinos, sin haber estado presente en el lugar.
Otro aspecto en discusión es el riesgo de falsificación de pruebas. Con el avance de la inteligencia artificial, es posible generar imágenes o videos manipulados que simulen situaciones reales, lo que podría derivar en denuncias maliciosas o falsas infracciones.
A pesar de estos reparos, el sistema ya funciona en otras ciudades del país, donde los municipios implementaron herramientas similares para incorporar la participación ciudadana en la fiscalización.
